Mirar más allá de lo que nos dejan ver. Incluso en las fotos. La iniciativa Quién manda dibuja el mapa de poder en España a través del entramado existente entre poderes públicos y empresariales. “Lo hacemos investigando quién sale en la foto rodeando a los políticos, bien en eventos, inauguraciones, celebraciones o incluso en el palco en los partidos de fútbol. Queremos introducir en el debate social la necesidad de clarificar esas relaciones e intereses entre cargos públicos y privados”, explica Javier de Vega desde la fundación ciudadana Civio. Además de las imágenes que les hace llegar la gente, analizan miles de datos para sacar a la luz de una forma clara esa información. En Civio exponen sus motivos: “Cuando a Mariano Rajoy le preguntaron en el Senado por su reunión secreta con Artur Mas, el presidente respondió que no quería ser exhibicionista, pero no se paró a pensar que, en los países democráticos, las reuniones de trabajo en las que participa un cargo público deben ser precisamente eso, públicas. Es sólo un ejemplo de la opacidad de las agendas y el lobby en España”.

Javier considera que es necesario regular la actividad de esos grupos de interés (lobby). “No tenemos problema con que exista la colaboración público-privada, pero si un político se reune con un lobby tiene que quedar registrado y ser público”. Así se han ido conociendo las puertas giratorias entre la administración pública y el sector privado, con ejemplos como el del ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela. Según el auto judicial, Lamela adjudicó como consejero por 270 millones de euros la gestión de servicios del hospital del Tajo en Aranjuez a una firma de cuya actual matriz, Assignia Infraestructuras, ha sido consejero posteriormente hasta su cese en octubre. Conocidos son también los casos de ex presidentes del Gobierno (González, Aznar) y ex ministros que actualmente están en consejos de administración de empresas eléctricas.

Explica también Eva Belmonte la foto de familia de la fundación Madrid Vivo, presidida por Rouco Varela (presidente de la Conferencia Episcopal) para financiar la JMJ, junto a Emilio Botín (Banco Santander) y César Alierta (Telefónica). Además, la fundación cuenta con líderes de empresas como Endesa o Iberdrola y con el diputado del PP Miguel Ángel Cortés. “Uno de sus patronos es David Hatchwell, presidente de la Comunidad judía de Madrid y anfitrión de Sheldon Adelson en sus viajes por España para elegir dónde colocar la primera piedra de su megacasino”.

Javier de Vega asegura que es neceario que los partidos políticos abran sus agendas de trabajo parlamentario. “Que sea público con quién se reúnen es esencial para prevenir la corrupción. La anomalía es España, en otros países se hace. Aquí ya se está consiguiendo que algún diputado en su web haga pública su agenda. La confianza no se recupera con buenas palabras sino con acciones y hechos”.

Otro proyecto dentro de esos movimientos de open data (datos abiertos) es Qué hacen los diputados. Según Vicky Bolaños,el objetivo es fiscalizar las tareas públicas y políticas de los 350 representantes en la Cámara Baja a través de herramientas tecnológicas y de la implicación ciudadana. “El Congreso es la institución en la que reside la soberanía popular y concentra funciones que afectan a todos los ciudadanos. Luchamos por la apertura de la información gubernamental y parlamentaria, hacerla más accesible; exigir responsabilidades a los gobernantes, consolidar la cultura de rendición de cuentas y fortalecer la capacidad de los ciudadanos para participar”. Han analizado, por ejemplo, la página web del congreso, comprobando que no se muestran las direcciones de correos electrónicos de todos los diputados (ayudaría a mejorar la comunciación ciudadano-diputado) y proponiendo que incluya tutoriales para ayudar a encontrar información. “Al Congreso le queda mucho trabajo por hacer para ser una institución abierta a la ciudadanía”.

Para romper esos muros, en la página web Tu derecho a saber se tramitan las preguntas a las instituciones públicas. “Sólo el 13% de las preguntas que hacen los ciudadanos a las administraciones recibe la información demandada. En España nunca ha existido la cultura de la transparencia ni la cultura de reclamar para mejorar o pedir información, aunque cada vez hay más”, dice Javier desde Civio. “Transparencia no es sólo saber cuánto cobran los cargos públicos, cuántos coches oficiales hay, conocer los presupuestos, etcétera. La Administración tiene que responder también a las necesidades de información del ciudadano que quiera saber qué contratos públicos se han firmado para la gestión de la recogida de basura en su barrio, qué vacunas encarga el Ministerio de Sanidad o qué hospitales tienen reducción de camas”. Constatan, paradójicamente, que cuanto más local es la institución, menos contesta al ciudadano.

Con la idea de hacer comprensible esa información pública útil que afecta a la gente en su día a día, Eva Belmonte se lee el BOE y traduce su lenguaje farragoso a lenguaje periodístico para que las personas suscritas a la iniciativa El BOE nuestro de cada día reciban la información clara sobre normativas y subvenciones y para que los medios informen de ello. Poco a poco van surgiendo grupos locales que hacen lo mismo para difundir el BOE de Comunidades Autónomas.

Otras dinámicas. Coinciden desde el Proyecto Avizor (CIECODE y Fundación Salvador Soler) en señalar que la información capacita a los ciudadanos en la toma de decisiones. Por eso hacen un seguimiento y evaluación de la actividad parlamentaria en todo lo relativo a las políticas que mayor impacto tienen sobre la pobreza y el desarrollo internacional, puntuando y elaborando un ranking de diputados y grupos parlamentarios, según su compromiso, como cuenta Alba Gutiérrez. “Basados en el proyecto europeo de coherencia en las políticas para el desarrollo, vimos la necesidad de pasar de la desafección política a generar otras dinámicas. La idea es darle visibilidad y empoderar a los diputados que sí trabajan en estos temas (no son de primera fila), y también aportar transparencia y rendición de cuentas en cuestiones que pasan desapercibidas”. De esta forma se puede saber qué hacen o no los diputados más allá de lo que dicen o prometen. Aunque aseguran que la falta de transparencia, la rigidez del sistema parlamentario y el mal funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana ahogan la iniciativa individual de los políticos en la lucha contra la pobreza, han querido reconocer con el premio al diputado del año la labor de Laia Ortiz (Grupo parlamentario Izquierda Plural). “En general, hay poca conciencia de la influencia de las actividades políticas en terceros países”, concluye Alba.

España se ha quedado a la cola en esto de la transparencia. Países como Ruanda tienen una ley más avanzada sobre acceso a información pública. Además, era el único país de la Unión Europea con más de un millón de habitantes (junto a Chipre y Luxemburgo) que no había regulado aún este derecho que solicita desde hace años Access Info Europe. Según esta asociación, la Ley de Transparencia que ha preparado el Gobierno y que entrará en vigor en diciembre no responde a los estándares internacionales. España ocuparía así la posición 72 de 96 en la lista de países con leyes de acceso a la información.

La periodista Mar Cabra recuerda que en Suecia aprobaron su Ley de Transparencia a finales del siglo XVIII. Considera que la ley española no cumple los mínimos que marca el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos. “Faltan cosas básicas. Si yo quiero ver las cartas oficiales cuando España se comunica con Bruselas, España no me las va a enseñar pero Bruselas las suyas sí. O si quiero conocer qué informe justifica el cambio de velocidad en carretera, me pueden decir que es información auxiliar y no mostrármelo. Es decir, no vamos a poder saber lo que en otros países se podría saber. En Estados Unidos o Reino Unido se pueden conocer hasta los correos electrónicos de los altos cargos (los de sus cuentas oficiales, no privadas, lógicamente)”.

Quién está detrás. Sobre la transparencia corporativa, la periodista reconoce que cada vez se habla más de ello en las empresas. “Un avance sería también poder saber quién está detrás, quiénes son los accionistas. En nuestro país si quieres consultar una información de una empresa en el Registro Mercantil hay que pagar. En Estados Unidos es gratis”. Y luego están los lugares cuyo negocio es vender secretismo: los paraísos fiscales. Junto a otros profesionales del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Mar realizó una investigación a partir de una filtración que ha puesto nombre y apellidos a 130.000 personas con sociedades que operan en paraísos fiscales, entre ellos Tita Cervera, la baronesa Thyssen. “Dos años de investigación para romper esa opacidad y contar quiénes son. Un ejemplo de los efectos de ese trabajo es lo que ha pasado en Corea del Sur, que ha conseguido recuperar dinero de esa evasión fiscal tirando de la información publicada”.

Avanzar en la transparencia de la financiación de los partidos políticos o, como reclaman las asociaciones de consumidores, en la claridad de las facturas eléctricas, por ejemplo, contribuiría a evitar abusos.

Mar tiene claro que la mejor manera de luchar contra la corrupción es la transparencia. “Como se suele decir, la luz del Sol es el mejor desinfectante. Es bueno para las administraciones públicas pasar de tener pocos ojos vigilando a tener 47 millones de españoles que pueden mirar. Se multiplica la auditoría pública”.

Además del derecho a saber, subraya las responsabilidades de la ciudadanía. “Tenemos deberes también. Hay que aprender que tenemos que tomar las riendas de la democracia nosotros. Con la información la ciudadanía está más empoderada y activa. Cambiar el chip es complicado pero no hay que desalentarse. Estamos empezando a dar los primeros pasos”. •

(Reportaje de Silvia Melero publicado en revista 21)