El agotamiento se nota en su rostro. Han sido días de mucha tensión y emociones. Vero se enfrentaba a un desahucio, pero el desalojo de su vivienda y el de su vecina Cuqui han sido paralizados temporalmente. Ahora preparan café para las 30 personas, activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que han pasado la noche con ellas. Algunos están recogiendo sus sacos de dormir. Con sus cuerpos y su solidaridad ayudan a defender los hogares de las afectadas, como tantas otras personas que participan de forma pacífica en la campaña Stop Desahucios en todo el Estado. De esta forma, la PAH ha paralizado ya 1.135 desahucios. Hoy es este edificio de Carabanchel (Madrid) conocido como Cadete,7. Todo un símbolo de la lucha por la vivienda. En él vive Vero desde agosto. Va desgranando poco a poco su historia, porque ella antes vivía en Parla en un piso del Plan Municipal de Vivienda, un piso supuestamente de protección pública para colectivos especiales. “Yo soy madre soltera con cargas familiares no compartidas y se suponía que tenía acceso a una vivienda. Pero cuando te quedas en el paro y sin ayudas, no puedes pagar ni el alquiler ni la luz ni el gas ni nada, ni puedes comer ni atender a tu hija en condiciones”. Entonces, la empresa privada adjudicataria de esas viviendas que son municipales la desahució. “Me quedé sin alternativa, pero gracias al apoyo de una vecina nos pudimos quedar dos meses en su vivienda. Cuando vi que ya no tenía posibilidades de ningún tipo contacté con la PAH para pedir ayuda y ellos me han dado solución y vine a esta vivienda. Cadete,7 es el primer edificio recuperado en Madrid por la Obra Social de la PAH”.

Se trata de recuperar legítimamente (no ocupar ilegalmente) edificios de los bancos, como explica Vero. El propietario de su edificio es la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos), el banco malo que adquirió viviendas de las entidades bancarias para especular con ellas. Son viviendas vacías. “Recuperamos viviendas porque en realidad a los bancos se les ha rescatado con dinero público de los ciudadanos, por lo tanto estos inmuebles que se han quedado los bancos son de los ciudadanos. Por eso decimos que si la SAREB es nuestra, sus casas también. Somos familias que necesitábamos una alternativa habitacional, familias desahuciadas o sin posibilidad de acceso a una vivienda digna. Puesto que las administraciones no ofrecen soluciones, es la alternativa”.

El desahucio de Vero se paralizó judicialmente el día anterior. En el auto del juzgado se han encontrado que la SAREB en realidad está haciendo tiempo. “Pretende identificar a todos los habitantes para desalojar las seis viviendas y no sólo las dos previstas inicialmente”, explica Yolanda, activista de la Obra Social de la PAH. “Si la SAREB tiene casi 100.000 propiedades sin usar, no nos vamos a conformar con seis pisos. El objetivo es que los destinen a alquiler social”.

España es el país con más viviendas vacías de Europa: tres millones y medio de casas. Unas 800.000 pertenecen a los bancos. Mediante la desobediencia civil, la PAH ha realojado ya a más de 2.000 personas en situación de emergencia habitacional tras ser desahuciadas.
Pero mientras Vero, de momento, se queda en casa, no muy lejos, en el barrio de Lavapiés, la Policía acordona toda una manzana en torno a otra vivienda que va a ser desahuciada para impedir el acceso de los ciudadanos que quieren apoyar a la familia y los periodistas que pretenden informar. Y en un par de horas, en otro barrio madrileño, en San Fermín, se producirá otro desahucio. Esto pasa hoy en Madrid, pero las historias se repiten en Barcelona, Valencia, Málaga y otras ciudades. La violencia policial con la que se ejecutan estos desahucios va en aumento, según explican los activistas. Durante 2013 se produjeron 82.000 desahucios en España. En el 80% de los casos son familias con menores. La versión oficial del Gobierno niega que pase esto, pero los datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial y el Banco de España sí muestran la realidad de los desahucios. Según estos datos, el número de desahucios se incrementó en un 5,7% en el primer trimestre del pasado año. Además, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que la legislación española vulnera la normativa comunitaria y no garantiza una protección suficiente a los ciudadanos frente a hipotecas abusivas. En el año 2012 se producían 115 desahucios al día. Cada 15 minutos, una familia perdía su casa.

Iván, de PAH Vallecas, explica que la alternativa de la Obra Social es consecuencia de la inacción del Gobierno. “Si las administraciones públicas son incapaces de solucionar este problema es la ciudadanía autogestionada y organizada quienes nos proporcionamos las soluciones. La PAH ha cumplido ya seis años. Empezó con una asamblea en Barcelona y ahora somos más de 250 nodos. Cada semana prácticamente se crea uno nuevo y esto sigue creciendo. El problema de la vivienda de alguna u otra forma nos toca a todos”.

Asegura que la ley hipotecaria del Gobierno no funciona y no soluciona nada. Ni siquiera recoge las reivindicaciones de la Iniciativa Legislativa Popular que la PAH intentó sacar adelante con casi un millón y medio de firmas. Ahí se pedían medidas como el alquiler social o la dación en pago (saldar la deuda cuando entregas la casa al banco y no tener que seguir pagando la hipoteca y los intereses). “Los bancos han sido rescatados con dinero público pero no han ofrecido una contraprestación social a pesar de haber tenido grandes beneficios, como Bankia que ha tenido más de un 50% de beneficios solamente el año pasado. No sólo no ha devuelto el rescate que se le hizo sino que además no ha paralizado desahucios ni concede alquileres sociales”. Se recuperan viviendas vacías para negociar luego con los bancos ese alquiler social (que no supere el 30% de los ingresos) para las familias realojadas, pero los bancos se niegan. Hay precedentes en Barcelona donde sí se ha logrado negociar que varios edificios recuperados pasen a ser bien común. Han comprobado así que la presión social da resultados.

“Es un proceso de mucho tiempo, las familias que recuperan el edificio se implican durante meses, se tienen que conocer, trabajan en común. En Vallecas hemos recuperado ya cuatro edificios. Son las personas afectadas las que se autogestionan su vivienda. Para muchas personas es la única opción. Los Servicios Sociales ni siquiera tienen un protocolo de prevención en caso de desahucio, no hay mecanismos de realojo. Lo máximo que te van a ofrecer es una noche en un hotel o en un albergue. Dependiendo de cada caso y de la presión social igual se consigue algo más”.

Criterios sociales. Un informe de la Fundación Simetrías analiza también el grave problema de los desahucios. Su presidenta, Ángeles Díaz Vieco, afirma que los requisitos que se piden por parte de las administraciones públicas para ofrecer una vivienda a familias desahuciadas (muchas de ellas con menores) son abusivas. Es el llamado Fondo Social de Vivienda que creó el Gobierno. “Piden a las familias que garanticen rentas estables, cuando estamos hablando de familias sin ingresos o con contratos de trabajo parciales o familias de inmigrantes sin trabajo. No está siendo efectivo, no funciona. Hay que buscar criterios de carácter social. Aunque una familia no pueda garantizar una renta tiene derecho a una vivienda. Si no, acaban en infraviviendas o poblados chabolistas como El Gallinero. Hay familias sin apoyo ni redes familiares o sociales. El derecho al alquiler social no puede depender de tener ingresos estables porque entonces no se resuelve el problema”.

Desde la Fundación Simetrías proponen apoyar a las familias con un ingreso mínimo de seguridad o una renta básica. “Es necesario un pacto social por la vivienda donde los fondos buitre no hagan negocio echando a la gente de su casa”. Ángeles explica también que los Servicios Sociales funcionan de forma distinta en cada Comunidad Autónoma. “Unos buscan a los afectados plaza en un hostal o un albergue, pero para una noche o durante un tiempo hasta dar una solución como el acceso a un alquiler social. Depende del compromiso de cada Ayuntamiento”. Y considera que hay medidas que podrían ser efectivas, “como expropiar el derecho a usufructo (no la propiedad) que tienen los bancos en esas viviendas vacías y ponerlas a disposición de las familias. Hay que dar respuesta a esta situación. Estamos en la segunda posición en la lista de países europeos con mayor tasa de niños y niñas bajo el umbral de la pobreza, sólo por encima de Rumanía. 740.000 familias con hijos en España no tienen ningún tipo de ingresos. Y en casi dos millones de hogares ningún miembro de la familia trabaja”.

Les pasó a Julia y a su marido. Se quedaron en paro, perdieron su casa por no poder pagar la hipoteca. Junto a sus dos hijos, se fueron a vivir a casa de los abuelos. “Mi marido entró en una fuerte depresión y hace un año murió de una angina de pecho. Esto arrasa a una familia. Lo que más felices nos podría hacer era pagar nuestra casa, eso significa que tienes dinero y trabajo. Pero cuando te quedas sin nada, no te lo puedes creer. No es que no quisiéramos pagar. No soy morosa, no robo a nadie, no tengo cuentas en Suiza. Es que no podía porque no tenía con qué pagar”.

Julia se indigna cuando conoce cada día historias de gente que pierde su casa. “Yo he podido venirme a vivir con mis padres, pero hay gente en situaciones muy duras. El Gobierno, los bancos, nos han mentido, nos han engañado, se siguen enriqueciendo y la gente sigue perdiendo sus casas. Cuando veo las imágenes de familias con bebés a las que echan a la calle me pongo mala. No tienen vergüenza, ni respeto ni ética”.

Herramientas de ayuda. La PAH ha celebrado su sexto cumpleaños recuperando otro edificio en Barcelona. Ya han rescatado 30 edificios en total, propiedad de bancos, la SAREB o fondos buitre. Negociar el alquiler social para las familias realojadas no es fácil porque las entidades financieras prefieren mantener esos pisos vacíos para especular con ellos. Basándose en la experiencia directa de estos años, la PAH ha desarrollado muchas herramientas de ayuda (documentos jurídicos, asesoramiento, materiales de denuncia, manual de desobediencia, protocolo para escraches, protocolo para recuperar viviendas vacías de entidades financieras) alcanzando un nivel de organización y red social del que se hacen eco los medios en otros países. La plataforma ha visibilizado un problema social y humano informando sobre los casos de suicidios de personas desahuciadas. Y, sobre todo, ha empoderado a muchas personas que se sienten reforzadas en su lucha. “Que no nos hagan sentir culpables, porque la mayoría de las personas somos pagadores de buena fe”, recuerda Julia.

Entre los afectados por los desahucios, hay personas que ni siquiera tenían una hipoteca. El caso de Wilson, su mujer y sus tres hijos (uno de ellos un bebé) tuvo mucho eco en las redes sociales. Su casa pertenecía a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), vendida a un fondo buitre, perdiendo así su condición de vivienda pública social. Cuando les subieron el alquiler a 700 euros, no pudieron asumirlo. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, vendió 1.860 viviendas sociales de la EMVS a un fondo buitre en 2013. Por su parte, la Comunidad de Madrid vendía 3.000 viviendas de protección oficial del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) al fondo de inversión Goldman Sachs. El nuevo dueño es quien marcará las condiciones para los inquilinos. La PAH, junto a otras asociaciones vecinales, interpuso un recurso ante “el desmantelamiento y expolio de la vivienda pública”.

Solidaridad. A veces lo que se desencadena tras un desahucio llega de formas insospechadas, a través de la solidaridad, como le pasó a Carmen Martínez, la anciana de 85 años que fue desahuciada en Vallecas. Cobraba una pensión mínima y tenía problemas de salud. La ayuda le llegó desde el campo de fútbol del Rayo Vallecano, donde la fundación del club habilitó una fila cero para recaudar dinero. Cuando le entregaron los 21.000 euros recolectados, Carmen dijo que sólo necesitaba la mitad y le cedió el resto a un ex jugador del club que padecía cáncer. Carmen perdió su vivienda tras avalar con ella un préstamo de su hijo Luis, que se quedó en paro. Él cuenta que aún no dan crédito a lo que ocurrió. “El despliegue policial para echarla a la calle fue inmenso. Fue horrible, mi madre llorando, incomunicados en la vivienda, la Policía en la puerta, como una batalla campal, no dejaron entrar ni a mi hijo. Ahora nos estamos empezando a dar cuenta de lo que fue todo, es muy lamentable la forma en la que lo hicieron”. La solución que les daba el Ayuntamiento era una habitación en un albergue o una residencia a las afueras de la Comunidad de Madrid, alejada de su familia. “Nos dijeron que el Ministerio de Economía le daría una ayuda económica o una solución, pero nunca más contactaron con nosotros. La familia de mi pareja nos acogió unos meses y ahora gracias a la ayuda del Rayo estamos en un piso pequeño. Mi madre está delicada, asustada, es un sitio nuevo, todo lo que pasó es muy fuerte. Poco a poco vamos rehaciendo la vida, no te lo crees hasta que te pasa”. Piensa en quienes generan este sufrimiento. “Se les está volviendo en su contra todo lo que están haciendo mal”.

Desde el inicio de la crisis-estafa en 2008 se han producido 476.000 ejecuciones hipotecarias y una gran parte ha acabado en desahucio. Desde la PAH, el mensaje es claro: “La Obra Social es una obligación de la ciudadanía organizada en la legítima defensa del derecho a la vivienda. Estos seis años de lucha demuestran que la  movilización ciudadana consigue lo que las administraciones –a pesar de disponer de todos los recursos– dicen que no es posible. En la PAH hoy afirmamos más alto que nunca que sí se puede. Si se quiere, se puede”. •