Aunque parezca increíble, esta página negra de nuestra historia se ha prolongado hasta entrados los años 90. Mujeres que daban a luz hijos supuestamente fallecidos. Médicos, religiosos y funcionarios que los vendían falsificando papeles. Padres que los compraban ocultando la verdad durante décadas. Los afectados empezaron a tirar de la manta y a denunciar. Nos lo cuenta el abogado Enrique J. Vila Torres, que ha publicado el libro ‘Historias robadas’.
Silencio. Más de 50 años de silencio. La trama comenzó en la década de los 40, primero bajo el paraguas de la ‘depuración ideológica’. El régimen franquista decidió que los bebés de las mujeres republicanas encarceladas estarían mejor en familias nacional-católicas, así que los niños desaparecían sin más. “Tengo claro que hay que tratarlo como un delito económico y penal. No sólo lo motivó la represión política, que fue el origen, sino que luego se convirtió en un negocio. Estas mafias operaron hasta los años 90”. El abogado Enrique J. Vila Torres lleva una década dedicado a investigar la compra-venta de bebés que se extendió por todo el territorio español. Se calcula que unas 300.000 personas pueden estar afectadas. Es decir, no son hijos de quienes constan en su partida de nacimiento. “No estamos hablando de adopciones legales sino de apropiaciones de niños recién nacidos, de robos en muchos casos, para ser vendidos como simple mercancía e inscritos como hijos”, explica el abogado.
Junto a Anadir (Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares) ha presentado una demanda conjunta el pasado mes de enero en la que se recogen 261 casos. Algunos los ha contado en el libro ‘Historias robadas’ (Editorial Temas de Hoy), pero hay muchos más porque miles de recién nacidos fueron robados en diferentes maternidades y vendidos a otros padres que los inscribían como hijos propios biológicos. Se falsificaron documentos, partidas de nacimiento o partes médicos para disfrazar la identidad. Ahora, y gracias a las pruebas de ADN, muchas personas buscan respuestas sobre su pasado.
Este lucrativo negocio contó con la complicidad de médicos, enfermeras, religiosos, funcionarios y familiares de las propias víctimas. La trama era tan brutal como sencilla: una madre soltera, con un embarazo no deseado, podía entregar –libremente o bajo coacción– a su hijo en adopción. Pero en otros casos, era despiadadamente engañada. Tras el parto, le decían que el niño había fallecido. Cuando los padres o familiares reclamaban ver el cuerpo se les negaba sistemáticamente para evitar el trauma o, en ocasiones, se les enseñaba el cadáver congelado de un bebé. Pero la realidad es que el recién nacido no había fallecido: era vendido a unos padres que podían comprarlo. Se dieron circunstancias tan surrealistas como que alguna falsa madre hasta simuló un embarazo, llegando a la clínica con un cojín bajo el vestido y saliendo al día siguiente con un bebé. Había que disimular. No contaba con que, pasados los años, ese hijo podría empezar a sospechar, a escuchar rumores y comentarios de vecinos o familiares y a preguntarse cosas incómodas.
“Es una situación muy complicada, durante 30 ó 40 años han tenido un vínculo filial falso, pero en la mayoría de los casos han sido bien tratados, existen lazos de amor con sus padres, y se produce una crisis al descubrir la verdad. Pero suele haber en los hijos una reacción positiva, sin rencor hacia los falsos padres. De alguna manera, los padres también fueron víctimas, que-rían adoptar y en ese momento les ofrecen un hijo falsificando papeles”, afirma Enrique.
Vergüenza y resignación. ¿Por qué nadie ha dicho nada durante tanto tiempo? El abogado dedicó 15 años a luchar por el derecho de los hijos adoptados a conocer sus orígenes biológicos. Cuando se reconoce este derecho en 1999 se produce una avalancha de peticiones y se descubren los casos de niños robados. “Unos no hablan porque sienten vergüenza y otros se resignan. Pero hay muchas personas que no saben que se encuentran en esa situación”.
Hay pruebas concluyentes en determinados hospitales como la clínica S.R. de Madrid. Una investigación policial clausuró este “hospital del terror” pero no hubo ni una condena. Hasta ahora los poderes públicos no han abordado este tema tabú.
A ese silencio también ha contribuido la Iglesia Católica. “Quiero aclarar que no responsabilizamos a la Iglesia porque sólo determinados miembros del clero actuaron delictivamente, pero sí pienso que la institución debería colaborar en la investigación y depurar responsabilidades”. El propio Enrique descubrió que era adoptado cuando falleció su padre. Acudió a la Casa Cuna Santa Isabel (Valencia), donde nació, para conocer sus orígenes pero nadie sabe nada. “Sólo un porcentaje pequeño de expósitos nacimos en instituciones religiosas puramente privadas. Chocamos con su oscurantismo e incomprensión porque no podemos acceder como en el caso de los archivos públicos, que pueden ser consultados por vía judicial”.
Aunque el abogado reconoce su agradecimiento hacia estas instituciones religiosas por acoger a madres adolescentes embarazadas, muchos testimonios le han confirmado que el régimen interno era muy duro, con severas limitaciones en la libertad de actuar y comunicarse. Muchas mujeres eran coaccionadas o engañadas, ante la complicidad de sus padres, para que entregasen a sus hijos. “El hermetismo actual y las excusas impiden a los hijos que encontremos a nuestras madres y a las que nos están buscando no les facilitan conocer nuestro paradero o actual identidad”.
Enrique asegura que dentro de la Iglesia han encontrado la ayuda de curas, monjas y sacerdotes ajenos a las casas cuna, que les apoyan para que las instituciones religiosas abran sus archivos y den a conocer la identidad de las madres que allí dieron a luz. “Sin embargo, de momento, es imposible”.
Me han robado una hermana
Estefanía tiene 24 años y vive en Barcelona. Su madre dio a luz en 1986 a dos gemelas. Las niñas nacieron por parto natural, en ningún momento hubo complicaciones. “El médico le dijo a mi padre que una estaba muerta, que mejor así porque era retrasada y que como eran jóvenes podrían tener más hijos, que mejor se volcara en su mujer y en su hija y que estas cosas pasan, como si nada”. Cuando reclamó verla, le dijeron que no porque era un trauma. Cuando la abuela reclamó el cuerpo para el entierro se lo negaron alegando que, al considerarse feto, de eso se encargaba el hospital.
“Siempre fue un tabú en la familia, me contaron que mi hermana gemela falleció al nacer pero nunca más se retomó el tema”. Hasta que hace dos años se casó y quiso entregar su ramo de novia a su hermana. Al preguntar dónde estaba enterrada se encontró con que sus padres no lo sabían. “Todo me pareció rarísimo. ¿Cómo puede ser que en 1986 pase esto?”. Su madre había guardado toda la documentación en un cajón que nunca más volvió a abrir por el shock que sufrió. “Abrí ese cajón y empecé a ver en los papeles que mi hermana estaba sana al nacer, no había ningún problema. Todo era muy confuso”. Empezó a tirar del hilo, a investigar hasta que un día vio en la televisión a Enrique J. Vila. “Fue una sorpresa, en ese momento me doy cuenta de que no estoy sola, no soy un caso aislado ni un bicho raro”. A partir de ahí, su lucha se ha unido a la de Anadir. “Confiamos en que la unión hace la fuerza. Vamos a llegar hasta el final de todo esto, sea como sea. Si nos ayuda la justicia española, bien, si no, iremos a otro lado. Voy a descubrir la verdad cueste lo que cueste. Se me ha privado de mi infancia, hubiera tenido una hermana. Me robaron una hermana y a mi madre le robaron la vida”.