Cada día, en Centroamérica se exhiben en las calles los cadáveres de mujeres violadas, torturadas y mutiladas. Sólo en Guatemala, 1.000 mujeres fueron asesinadas en 2011. No se investiga. Estos crímenes se silencian bajo el paraguas de la violencia cotidiana. En el nuevo escenario de guerras no convencionales, la colonización del territorio (por tráfico de armas,droga, órganos, trata) se hace colonizando los cuerpos de las mujeres. La violencia sobre ellas sirve para dar mensajes, para aterrorizar, para dominar.
Masculinicidio sería el asesinato de hombres por el simple hecho de ser hombres. Pero esto no sucede. En cambio, sí existe el feminicidio: la violencia contra las mujeres por ser mujeres.
Se trata de una realidad que ha florecido simultáneamente en varios países de Latinoamérica, no siempre en los mismos contextos. “Guatemala y El Salvador son los lugares internacionales del feminicidio. No se puede obviar que hay un escenario bélico que se ensaña especialmente contra los cuerpos de las mujeres. Un Estado, como es Guatemala, que no investiga el 98% de los delitos que se cometen dentro de su territorio es un Estado que abdica de la protección de sus habitantes”. Lo explica Mercedes Hernández, presidenta de la Asociación de Mujeres de Guatemala (AMG), con sede en Madrid. “Es necesario que se entienda que es un nuevo contexto de conflicto armado en el que hay una colonización del territorio a través de la colonización del cuerpo de las mujeres”.
Las nuevas modalidades de guerras no oficiales que tienen lugar en la región centroamericana conforman el escenario bélico en el cual se reproduce la violencia feminicida. Sólo en Guatemala, casi 1.000 mujeres fueron asesinadas durante 2011 y más de 6.000 lo han sido en los últimos diez años. La posición geoestratégica del triángulo norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala), el lugar más violento del mundo (donde más mujeres mueren y por donde transita el 80% de la droga y otros productos ilegales rumbo a Estados Unidos) favorece el crecimiento de la economía criminal en manos de las mafias del pasado y del presente. “Miles de mujeres y niñas son consideradas propiedad sexual de las mafias combatientes y convertidas en la mercancía de las redes de trata, en cobradoras de los impuestos de guerra establecidos por los diferentes grupos armados, en transportistas de droga, así como en niñas soldado destinadas al sicariato”, apunta Mercedes.
Conchi Vallecillo es ginecóloga y misionera en Guatemala. Trabaja para sensibilizar sobre la violencia machista dentro de las familias y la social (organizada) contra las mujeres. “Entre los grupos de maras (pandillas delincuenciales ligadas al narcotráfico) se pelean territorios de trabajo. Entre ellos se dan crímenes atroces, como degollar, cercenar miembros de mujeres de la mara rival y dejarlos tirados o metidos en bolsas negras cerca de algún lugar muy transitado. Se cobran facturas en los cuerpos y vidas de las mujeres”. Cuenta Conchi que las adolescentes son secuestradas al salir del instituto. “Luego aparecen asesinadas con evidencias de violaciones múltiples de muchos hombres. De esto ya ha habido denuncias, se dice que las secuestran para introducirlas en los presidios y convertirlas en el deleite de los reclusos que, en su mayoría, son miembros de maras ligadas al narcotráfico”.
En el caso de Guatemala, esta violencia estructural es heredera de la que asoló el país durante los 36 años de guerra civil (1960-1996), donde más de 100.000 mujeres fueron violadas por agentes estatales, como parte de una estrategia ejecutada para destruir el tejido social. “El conflicto armado iba más allá de la muerte, se prohibía enterrar los cadáveres, se quedaban visibles para señalizar el terror que se había impuesto sobre esos cuerpos. Se les practicaba a las mujeres extracción fetal abdominal (feticidios) pero todo esto era público. Aterrorizar a la población en general a través de la violencia contra las mujeres y las niñas”, señala Mercedes. Y recuerda que la zona Ixil, donde estos actos alcanzaron el grado de genocidio, estuvo bajo la responsabilidad del actual presidente, el ex general Otto Fernando Pérez Molina. “Tenemos un presidente responsable directo de la política contrainsurgente, responsable de esa zona, en la que se aplicó la política estatal del terror. Se llevaba a los cuarteles militares a mujeres en situación de prostitución para que los hombres aprendieran a tener relaciones sexuales públicas. Había un adoctrinamiento para deshumanizarlos, para que ese acto que se considera íntimo aprendieran a hacerlo público. Se entrenaron para ir luego a las comunidades y violar públicamente a las mujeres. No es una pulsión sexual de los hombres, ni en el sentido del sexo como placer sino como arma. No es que un grupo de hombres iban para desfogar sus instintos sexuales (que también es un delito). Es otra cosa, algo organizado: yo soy el propietario de ese cuerpo que tú considerabas que era tuyo. Igual que con las tierras”.
Portadoras del honor. A lo largo de la historia se ha convertido a las mujeres en los blancos favoritos de los ataques enemigos. “Son nuestros propios grupos culturales los que nos han convertido a nosotras en el futuro campo de batalla. Nos han socializado en los roles culturales que nos imponen ser las portadoras del honor del grupo, a través de la socialización diferencial, ésa que hace tan diferente la crianza de un hombre que de una mujer”.
Conchi coincide en que la raíz del problema está en el componente cultural machista. “Está inyectado en el imaginario social a lo largo y ancho del país, entre mujeres ricas y formadas y entre las mujeres pobres y analfabetas. La mujer es parte de las pertenencias de un hombre, puede hacer con ella lo que quiera”.
La AMG, fundada por mujeres refugiadas y desplazadas de manera forzosa, denuncia esta realidad desde España. Su país no garantiza la seguridad de las mujeres ni protege su vida. Es el caso de A. Lleva un año viviendo en el Centro de Acogida a Refugiados de Vallecas. Enseña el documento que acredita su condición de ‘solicitante en tramitación de protección internacional’ (España es el país de la Unión Europea que menos estatutos de asilo concede, menos del 5%). Dice que en su país, si eres mujer, es mejor no ir sola por la calle. “La violencia y la impunidad forman parte del día a día. No es delincuencia, es mucho más. El maltrato se queda dentro de casa, no se habla. Hace poco me enteré de que una de mis tías había sido violada, se esconden esas cosas por vergüenza”.
La investigadora Ana Patricia Ispanel explica que el feminicidio “sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados contra la integridad, el desarrollo, la salud, las libertades y la vida de las mujeres”. Añade que “se conforma por el ambiente ideológico y social de machismo y misoginia, de violencia normalizada contra las mujeres, por ausencias legales y de políticas de Gobierno, lo que genera una convivencia insegura para las mujeres, pone en riesgo la vida y favorece el crimen”. Desde el punto de vista social y político, el término feminicidio se está usando para hacer visible esa realidad. Mercedes asegura que “antes los señores del patriarcado judicial eran los que decían que esto era un homicidio igual que otro cualquiera. No puede ser un asesinato como otro cualquiera porque a los hombres se les mata por lo que hacen, no por lo que son. Ésa es una de las claves”. Lo único comparable es el racismo: odiar a las personas por lo que son. Matar por lo que son. “Y dentro del mismo racismo, también hay ensañamiento con las mujeres”.
Consumidores cómplices. La presidenta de la AMG recuerda que todo esto sucede gracias a un sistema financiero cómplice. “El sistema económico contribuye a mantener esas estructuras paralelas al Estado y blanquear los capitales producidos desde la economía criminal, los grupos de poder siguen siendo los mismos, otra herencia del pasado y de la dictadura militar”. Y pone también el foco en la complicidad de los consumidores de los países ricos. “No olvidemos que la droga, la trata de mujeres, el tráfico de órganos, la adopción ilegal (se usa el vientre de las mujeres para reproducir y luego les roban el bebé para venderlo) se consumen en el Norte”.
El fotoperiodista Walter Astrada (Premio Miguel Gil y ganador en tres ocasiones del World Press Photo, entre otros) ha documentado gráficamente el feminicidio. Su proyecto fotográfico sobre la violencia contra las mujeres le llevó a Guatemala. A diario fotografió cadáveres de mujeres asesinadas. “Documentar gráficamente lo que pasa es importante para que quede ahí, es nuestro trabajo. La violencia contra las mujeres es un problema de todos, de toda la sociedad. Si no podemos proteger al 50% de la población que vive en este planeta es que algo va mal”. Está convencido de que el grave problema siempre es la impunidad y la no educación de la gente. “Si se educa desde el respeto en las relaciones humanas todo cambia”. Es lo que hace Conchi a través del trabajo en red en las diferentes comunidades. “Formamos a facilitadoras comunitarias para que socialicen la información en los talleres de sensibilización y esto produzca un efecto multiplicador en las nuevas generaciones, produciendo nuevos patrones de crianza y nuevas formas de relación entre hombre y mujer. Nuestra idea es conformar espacios habitables, libres de violencia”.
Mercedes destaca el avance en la conquista de derechos. “Si hoy estamos hablando de todo esto es porque las mujeres estamos en el espacio público. Pero seguimos chocando con la resistencia dirigida a devolvernos a la domesticidad del espacio privado”.
Una de las reivindicaciones, en la que encuentran esa resistencia, es que el feminicidio se eleve a la categoría de crímenes contra la humanidad. “Pasó lo mismo con el término genocidio. Pasaron más de 50 años y corrieron ríos de tinta hasta que este término fue contemplado en una categoría superior de delitos contra la humanidad”.
Carlos Castresana, fiscal del Tribunal Supremo de España y ex jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, afirma que la impunidad es una invitación a repetir los crímenes. “En cualquier Estado de Derecho, entre los que imponen la violencia y los que la padecen intermedia la ley, pero aquí no. Si la vida femenina es un bien valiosísimo pero se mata a mujeres y no pasa nada, ¿cuál es el mensaje que se está dando? Mate usted las que quiera”. Castresana conoce de cerca la existencia de ese sistema patriarcal judicial, formado por hombres que interpretan y aplican la ley bajo su mirada machista. “El genocidio es la destrucción de grupos humanos por motivo nacional, étnico, racial o religioso. No incluye los crímenes por género. Es importante que éstos alcancen la categoría de crímenes de derecho internacional porque esto hará que sean imprescriptibles, inamnistiables, inindultables y de jurisdicción universal”. Insiste en que los Estados no sólo tienen que respetar y garantizar los derechos humanos, también tienen que prevenir, investigar y castigar.
“Hablamos de justicia, verdad, reparación y una serie de cosas que hay que hacer. Cuando no se depuran y se sanean las instituciones, cuando no se democratizan de verdad, la historia se repite. Cuando el Estado no lo hace, tiene que intervenir la Corte Penal Internacional. Hay que entender que sí se puede actuar. Sí se puede combatir la impunidad”.
Quizá así Conchi deje de conocer casos como el de una maestra de escuela en la aldea de Obrajuelo. Convivía con un hombre muy violento. “No sólo golpeaba físicamente a esta mujer, sino que repetidamente violaba a la menor. El Día de la Madre llegó y le dijo: ‘Acá esta tu regalo de la madre’. Sacó la pistola y las mató. A ella y a la niña”. •
(Reportaje de Silvia Melero publicado en revista 21)
