“Con casi 200.000 víctimas, entre enterramientos ilegales en fosas comunes y niños robados, España es, tras Camboya, el país del mundo donde permanecen más personas desaparecidas”. Lo explica en este artículo José Luis Gordillo.

La foto de la izquierda la saqué hace unos días en Cantalejo (Segovia). Cinco placas municipales homenajean al dictador Francisco Franco en la plaza que lleva su nombre. De ella sale la calle 18 de julio, para festejar el “glorioso alzamiento nacional” según la propaganda franquista. Según los demás, el golpe de Estado de los militares contra la república y la democracia. Como hubo resistencia para defender la libertad, comenzó una Guerra Civil que tres años después, ahora sí, concluiría con el éxito golpista y el inicio de una dictadura de casi cuatro décadas que ha dejado muchos posos en todo un pueblo.

Me decía recientemente Julio Anguita en una entrevista que uno de esos posos es el miedo a pensar, herencia de la España católica del siglo XVII. “Franco no inventó nada, más bien el franquismo inventó a Franco. Recogió esa herencia, la sistematizó y decía lo mismo: tú no pienses. Estamos encadenados por ese horrible miedo a pensar. Este pueblo nunca ha tenido en su historia la capacidad de expresarse tal cual es, y en el momento que lo ha hecho la han cercenado. Se facilita que no se tenga el valor de pensar. Somos un país capaz de ponerse delante de un toro, pero de un libro echa a correr”.

Miedo a pensar, miedo a mirar y miedo a saber. Se nos decía que era mejor no remover las heridas, que el pasado, pasado estaba, con esa equidistancia tan de moda que sitúa al mismo nivel a víctimas y verdugos. La historia, escrita por los vencedores, minimizó, disfrazó, ocultó. Como si la existencia de una dictadura que asesina y tortura a quienes piensan de otra forma fuera un accidente natural. Qué le vamos a hacer. Luego llegó la Transición. Los que se acostaron con traje militar franquista se levantaron con esmoquin demócrata y se pasó página. No se depuraron responsabilidades, no se limpiaron las cúpulas de poder político, militar, económico y eclesiástico. Y ahora empezamos a darnos cuenta de las consecuencias. “¿Cuándo nos metieron tanto miedo en el cuerpo que preferimos la previsibilidad, lo malo conocido a lo bueno por conocer?”, se pregunta Juan Carlos Monedero. Explica que la historia está llena de agujeros, por eso el pensamiento crítico tiene dificultades para reconstruirla. “Sin embargo, la derecha tiene un relato lineal que va desde Viriato y Don Pelayo a Dolores de Cospedal“.

Pero esos agujeros se van llenando poco a poco porque las víctimas del franquismo y la asociaciones por la recuperación de la memoria histórica sí han alzado su voz, aunque costaba oírla. Es duro para un país mirarse en un espejo tan incómodo, cuyo reflejo devuelve la imagen de más de 150.000 desaparecidos.

Y los rostros anónimos de 30.000 niños robados. No es un hecho aislado, formó parte de un plan ideado en la dictadura para robar a los bebés de las mujeres rojas encarceladas y entregárselos a familias nacional-católicas. Me explicaba el abogado Enrique J. Vila Torres, autor de Historias robadas, que “no estamos hablando de adopciones legales sino de apropiaciones de niños recién nacidos, de robos en muchos casos, para ser vendidos como simple mercancía e inscritos como hijos”. Lo que empezó siendo un método de depuración ideológica se convirtió en un negocio hasta bien entrados los años 90. El abogado reconoce que reciben apoyo aislado de algunos miembros de la Iglesia, pero considera que “la institución debería colaborar en la investigación y depurar responsabilidades”. Oscurantismo, hermetismo, silencio. “Siempre fue un tabú en la familia, me contaron que mi hermana gemela falleció al nacer pero nunca más se retomó el tema”, cuenta Estefanía. Al ver en la televisión al abogado descubre que no está sola. “No soy un caso aislado ni un bicho raro. Vamos a llegar hasta el final de todo esto, sea como sea. Si nos ayuda la justicia española, bien, si no, iremos a otro lado”. La Federación Estatal de Foros por la Memoria está recogiendo firmas para que la Iglesia española pida perdón por su colaboración con la dictadura.

A pesar de todo esto, España se resiste a juzgar el franquismo. El Gobierno de Rajoy y los jueces, ante las imputaciones de torturadores franquistas en Argentina, enarbolan la ley de Amnistía de 1977. Tapar y ocultar, otra vez. No hay dinero para la memoria histórica. Ni un sólo euro para recuperar el pasado, como prometió Rajoy. Esto sí lo cumplió, la Ley de Memoria histórica se ha dejado sin fondos, por tanto, no se aplica. La Asociación para la recuperación de la memoria histórica (ARMH) no tiene recursos para exhumar las fosas. Su fundador, Emilio Silva asegura que “no es cierto que las exhumaciones ya se hayan hecho. Nos siguen llegando peticiones, todos los días. Que no se rían de nosotros. Que no digan que ya no hay demanda”.

Se irán rompiendo tabúes en estos tiempos revueltos. De momento, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas acaba de pedir al Gobierno que deje sin efecto la ley de Amnistía para poder juzgar. Considera que es “contraria a las obligaciones internacionales de España”. Pide, además, que España ratifique la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. La ONU ya ha hecho antes llamamientos en esa dirección pero las iniciativas presentadas en el Congreso han sido sucesivamente rechazadas porque PP y PSOE no quieren tocar la ley. Denuncia también Amnistía Internacional  (informe El tiempo pasa, la impunidad permanece) que España ni investiga ni colabora con las víctimas de graves abusos que el derecho internacional prohibía y condenaba, como tortura, ejecuciones extrajudiciales, ataques contra población civil,  persecución política, encarcelamientos arbitrarios, trabajos forzados y otros actos definidos como crímenes contra la humanidad. La organización insta a España a extraditar a los acusados de torturas.

La Plataforma Comisión de la Verdad lanzó una campaña de visibilización a través de este vídeo ante la visita de la ONU, recordando que hay más de 2.200 fosas documentadas. Ningún proceso judicial abierto en España. “No queremos reabrir heridas. Queremos cerrarlas”. A principios de noviembre se analizará en Ginebra si España ha cumplido sus deberes con las víctimas, con los familiares de presos políticos, desaparecidos, fusilados, bebés robados, etcétera.

Más de 100 asociaciones de víctimas y de la memoria promueven la creación de esa Comisión de la Verdad (40 países la han puesto en marcha) sobre los crímenes del franquismo que garantice el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.

Para que las placas franquistas en nuestras calles no se conviertan en algo sin importancia. Y, sobre todo, porque no podemos entender el presente soñando un futuro mejor si no conocemos nuestro pasado.