David contra Goliat. O un vecindario en lucha contra un movimiento sectario que se disfraza de ONG pero parece más bien una poderosa multinacional. Es el resumen de lo que empecé a conocer hace unos meses, cuando un par de personas me contactaron a través de Twitter para contarme que llevan mucho tiempo batallando contra un gigante. Me escandalizó lo que leí y vi en ese momento y me escandaliza aún más lo que me han contado cuando he ido hace unos días a su barrio para hacer algunas entrevistas. Me anticipo diciendo que nada de esto tiene que  ver con la libertad religiosa, ideológica o de creencias que, obviamente, defendemos desde la revista 21. Ejercer la libertad es una cosa; coartar  la libertad de los demás es otra. Por lo poco que sé, parece que hay un vacío legal en esto de las sectas. Si ser una secta no es delito, sí parece que lo sea la apología de los malos tratos y la violación, la homofobia, el abuso psicológico, el engaño, la manipulación de las personas, el recorte de libertades.

Vuelvo con muchas preguntas:

– ¿Una ONG puede invertir más de cuatro millones de euros en construir el centro más grande que tendrá en España?

– ¿Una ONG puede comprar un hotel de más de un millón de euros?

– ¿Una ONG considera “voluntarias” a personas a las que explota laboralmente?

– ¿Una ONG promueve, a través de su líder y presidente, el maltrato físico a menores y la discriminación hacia las mujeres exigiendo su sometimiento?

– ¿Una ONG no está debidamente considerada organización de “utilidad pública” por el Ministerio del Interior?

– ¿Una ONG trabaja con drogodependientes sin personal especializado utilizando métodos que desaprueban los expertos?

¿Y a este tipo de organización, poderosa pues dispone de un gran entramado empresarial, las administraciones públicas le ceden terrenos por  75 años? ¿Y por qué hay esa complicidad de los partidos políticos ante este Goliat? ¿Y el silencio de los medios de comunicación locales que tienen toda la información y documentación recopilada por los vecinos?

La obligación de las administraciones públicas es proteger a la ciudadanía frente a los abusos, investigar si hay indicios, rectificar si se han equivocado.

Y nuestra obligación como periodistas es contarlo. Permítanme que no explique ni especifique nada más, de momento, para no estar escribiendo continuamente el cansino “presuntamente”. Las entrevistas que he hecho me demuestran, una vez más, que cualquier lucha social siempre la inician unos pocos, a los que normalmente se intenta desacreditar. Son los que empiezan a tirar del hilo, a destapar cloacas que huelen mal, a interpelar complicidades y conciencias, a investigar y recopilar documentación haciendo el trabajo que deberían hacer los poderes públicos. Por eso son incómodos, por eso para anularlos se intenta la guerra de desgaste.

Esto es sólo una primera mirada personal a vuelo de pájaro. Aún queda trabajo por hacer, así que cuando esté todo listo lo publicaremos en un reportaje amplio en la revista 21. Como corresponde.